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Vidina Espino enfrenta a Noemí Santana con la realidad al recordarle que en Canarias mayores y dependientes se sienten abandonados

La diputada lamenta que mientras este Gobierno sigue diseñando planes que no pone en marcha, 20 personas mueren al día esperando recibir respuesta a su dependencia 

 La diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha enfrentado hoy a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, con la dura realidad de las personas mayores y dependientes en Canarias. “Lejos de lo que ustedes creen, estas personas no tienen la sensación de ser una prioridad para este Gobierno”, sino todo lo contrario, “se sienten abandonados”. Ante esta situación le ha pedido que escuche a los mayores como a los del centro de día de la Isleta que tuvo cerrado durante muchísimo tiempo.

Para constatar ese abandono al que el Gobierno de Canarias somete a las personas mayores y dependientes, Espino le ha tenido que recordar a la consejera que, mientras ella insiste en que su departamento “está revolucionando el modelo y afinando el enfoque”, lo cierto es que entre el 1 de enero y el 31 de julio de este mismo año, y según datos del Ministerio de Derechos Sociales, en Canarias han fallecido 4.233 personas que esperaban una respuesta de ayuda y atención a su dependencia. Eso supone 20 personas fallecidas cada día. “No somos la comunidad autónoma con menos fallecimientos”, le ha corregido la diputada, que ha señalado que “seguramente la intención de Santana no ha sido mentir sino que le han dado mal la información”.

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Frente a la lista de planes y programas enumerados por Santana, la diputada le ha reprochado que sigan retrasando la ejecución de los mismos y que solo se limiten a números sobre el papel. En este sentido, le ha preguntado cómo va la mejora del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, que es una de las líneas del Plan Canarias te cuida y para la que se ha destinado una inversión de 72 millones de euros, de los cuales 23 millones ya debían haberse ejecutado el pasado 2021, según la propia programación presupuestaria del Gobierno. Espino le ha advertido a la consejera: “Este plan se financia con fondos europeos que si no se ejecutan habrá que devolverlos”.

Sobre el programa de vivienda compartida, la diputada también ha reprochado que, hasta ahora, solo se hayan celebrado reuniones con diferentes asociaciones y ha preguntado si las plazas de las 25 unidades alojativas en Arucas, anunciadas por la consejera, ya se han puesto en marcha o “siguen también siendo cifras en papel”.

Por último, la diputada ha preguntado a la consejera si ella misma y su Consejería se han interesado por un caso terrible que hemos podido conocer en estos días a través de los medios de comunicación, el de la familia de un gran dependiente que denuncia que sigue sin recibir ningún tipo de respuesta a su solicitud de ayuda y atención presentada hace ya 15 años.

Servicios y prestaciones sociales

La Comisión de Derechos Sociales celebrada hoy también contó con la intervención de Emma Colao, presidenta de la Coordinadora de acción Social de Canarias, que expuso la situación actual que sigue sin avanzar por la falta de diálogo del Gobierno de Canarias con las entidades del tercer sector. “Entristece escuchar este testimonio”, ha lamentado la diputada Vidina Espino que ha denunciado el retraso de dos años que ya sufre el catálogo de servicios y prestaciones sociales que, según la ley, debería haber estado aprobado en 2020.

¿Qué es lo que está pasando? Ha preguntado Espino que no entiende por qué no hay consenso y por qué el Gobierno no quiere dialogar con las entidades de un sector tan importante y necesario. Espino ha recordado que este catálogo es fundamental porque es la herramienta que nos va a decir qué prestaciones y servicios van a tener los ciudadanos, qué administraciones la van a prestar, y con qué presupuesto se va a contar.

Para Espino, esta desidia del Gobierno está repercutiendo en la buena atención que se pueda dar a las personas vulnerables que “están quedando totalmente abandonadas”. En este sentido, ha insistido en que la dependencia no se resuelve dando a las familias 300 euros y dejándolas sin la prestación de servicios fundamentales.