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Román Rodríguez: «Vamos a seguir batallando ante el Gobierno de España para que amplíe la RIC»

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda considera que las razones que justificaron la última ampliación siguen vigentes

 

 

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El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, aseguró hoy que este departamento y la formación política que preside seguirán batallando ante el Gobierno de España para que amplíe el plazo de materialización de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC).

 

Rodríguez explicó en la Comisión de Hacienda y Presupuestos que existe una “clara discrepancia” con el Ejecutivo estatal a este respecto y que no tirará la toalla para que cambie de opinión y permita la ampliación del citado plazo, como ya hizo “in extremis” los últimos días del año 2020 con respecto al ejercicio siguiente.

 

El vicepresidente consideró que las razones que justificaron la ampliación del plazo para 2021 siguen vigentes hoy en día y que “aun siendo menos intensas son igualmente válidas para adoptar la misma decisión”.

 

Rodríguez recordó las gestiones realizadas por la Consejería en su momento para permitir la primera ampliación del plazo y la iniciativa política de Nueva Canarias en el Congreso, que presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 por la que solicitaba la ampliación para ese año.

 

“Hemos estado siempre en la defensa de esta medida y seguiremos estando, porque a los efectos de la pandemia se ha unido ahora la erupción volcánica en La Palma”, dijo el vicepresidente, quien subrayó, además, la “persistencia y coherencia que hemos demostrado” en relación con este asunto.

 

Rodríguez dijo ser consciente del impacto de la medida para quienes tienen depositados sus fondos en la Reserva, pero precisó que el mantenimiento del plazo actual “no constituye ningún incumplimiento político del REF” y que “con ocasión de la crisis económica ni se planteó ni, por tanto, se adoptó ningún acuerdo similar”.

 

“Se trata de una solicitud que se presenta ante las Cortes y ante el Gobierno de España, que compartimos los partidos políticos en Canarias y el empresariado, que ha sido motivo de un acuerdo de este Parlamento y que seguiremos, por tanto, defendiendo donde sea preciso”.

 

Por otro lado, el vicepresidente se refirió -a preguntas de la oposición- al incremento de la inflación y el eventual impacto de la imposición indirecta en la economía familiar.

 

Rodríguez recordó que el incremento de los precios es un fenómeno global y planetario, que obedece a múltiples factores, y que la capacidad de maniobra de un gobierno autonómico para dar respuesta al mismo es nula.

 

En todo caso, indicó que la inflación bajó en enero unas décimas, después de varios meses de incrementos consecutivos, de manera que en estos momentos se sitúa en el 6,1% a nivel estatal y al 5,5% a nivel canario.

 

El vicepresidente dijo que es preciso distinguir la inflación general de la subyacente, puesto que esta última excluye del cálculo los precios de la energía y los alimentos y se sitúa en el 2,1% en Canarias.

 

En este punto, recordó que tanto los alimentos, lo insumos del sector primario y la energía doméstica tienen tipo 0 en el Impuesto General Indirecto Canario.

 

Buena gestión en AvalCanarias

 

Por otro lado, Rodríguez dio cuenta de los resultados de la sociedad de garantías recíproca AvalCanarias, de la cual señaló que ha dado un giro completo después de que el actual Gobierno de Canarias impulsara un cambio en la estructura de la misma.

 

El vicepresidente recordó que el año 2020 se acometió una reestructuración de la sociedad, con un  nuevo Consejo, presidente y gerente, quienes han logrado revertir el balance económico de la sociedad y, lo que es más importante, activar su papel como instrumento de financiación para el tejido productivo canario.

 

A este respecto, detalló algunas de las iniciativas puestas en marcha por la sociedad en los últimos meses, como la Línea Covid; el programa Canarias Emprende de préstamos para pymes y autónomos, o las medidas de apoyo para la adquisición de taxis eléctricos.

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