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La Viceconsejería de la Presidencia considera necesario mantener la contratación de los estudios económicos “que se llevan efectuando desde hace varias legislaturas”

El viceconsejero, Antonio Olivera, especifica que la novedad es que se incorporan paneles de opinión que complementan los datos cuantitativos y que se recurre a un concurso abierto y no a un procedimiento negociado como en ocasiones anteriores

 

El Viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, considera necesario mantener, “como se viene haciendo desde hace varias legislaturas”, la contratación de estudios económicos desde el área que dirige.

Sobre las críticas que ha recibido dicha contratación, Antonio Olivera niega coincidencias y dualidad con el Sociobarómetro que corre a cargo de la Vicepresidencia del Gobierno y que fue conveniado con la FESAD, la Fundación de Enseñanza Superior a Distancia de Las Palmas de Gran Canaria.

 

El viceconsejero ahonda en las diferencias de ambos estudios porque en “el Sociobarómetro se pregunta a la población por medio de encuestas sobre asuntos regulares que se mantienen a lo largo del tiempo. Y, en este caso, hablamos de una herramienta ágil que permite recurrir a paneles de opinión, con grupos estables a los que hacer consultas sobre temas coyunturales que tengan que ver con los asuntos económicos estudiados”.

 

La principal diferencia con otros años, destaca el viceconsejero, es que ahora “a los estudios económicos se añaden datos cualitativos extraídos de esos paneles de opinión, como complemento a los datos cuantitativos. Algo que se especifica claramente en los pliegos del contrato”, asevera. Además, en los pliegos “queda patente el objetivo fundamental de esta contratación porque entre los elementos que se valoran tienen más peso los informes puramente económicos que los paneles complementarios”.

 

Olivera explica también que, en esta ocasión, la contratación se ha efectuado por medio de concurso, un procedimiento simplificado que permite la libre concurrencia, “alejándonos de los procedimientos negociados sin publicidad elegidos en legislaturas anteriores”.

 

También añade que, al ser un contrato para dos años (1+1) y por una cuantía total de 100.000 euros, se produce una reducción de los costes habituales, ya que anteriormente superaban los 50.000 euros cada año. Por lo tanto, “a pesar de que hay una reducción del importe, se mejora el contrato porque se aumentan los contenidos de los informes económicos con información cualitativa”, concluye.

 

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