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Fernández de la Puente pide ayudas para el sector de la distribución para afrontar el nuevo impuesto sobre los plásticos

El portavoz del Grupo Mixto se muestra a favor de las medidas que fomentan la economía circular, pero considera que deberían implementar de manera paulatina para no afectar drásticamente a las empresas

El portavoz del Grupo Mixto y diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, solicita a las instituciones un plan de ayudas para las empresas de distribución para que puedan continuar siendo competitivas.

Sobre ello, el diputado explica que, a los elevados costes energéticos a los que han tenido que enfrentarse en los últimos meses, se suma ahora un nuevo impuesto que deberán empezar a pagar el próximo año.

Así, expone que, a partir del 1 de enero de 2023, se pondrá en marcha el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables que afecta de manera especial a distribuidores y fabricantes, pero que terminará recayendo en el consumidor final, al ver elevados los precios.

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Además, recuerda que “las empresas canarias aún necesitan realizar más esfuerzos para ser competitivas”, al contar con los costes extra asociados a la lejanía e insularidad. Por ello, “es imprescindible planear medidas que les permitan continuar con su actividad, sobre todo en un momento en el que tendrán que hacer frente a nuevos gastos”, matiza.

Fernández de la Puente se muestra a favor de las medidas que vengan a fomentar la economía circular y promover un futuro sostenible. Sin embargo, considera que medidas de este tipo deberían implementarse de manera paulatina, para no afectar drásticamente a las compañías.

En concreto, este nuevo impuesto impone a las empresas la obligación de declarar los kilos de plástico de los envases primarios, secundarios y terciarios que acompañan a las mercancías. “En la actualidad, aún no se ha eliminado del todo el consumo de plástico, por lo que es muy difícil que las compañías puedan dejar de usarlo de la noche a la mañana”, explica.

Esto ocasiona, continúa el diputado, que las empresas tengan que seguir usándolos en sus procesos diarios. “Implementar un impuesto de este tipo en estos momentos terminará afectando al precio de venta y, por tanto, serán los consumidores finales quienes terminen asumiendo este coste”, afirma.

Por otro lado, Fernández de la Puente recuerda que este impuesto ya está vigente en algunos estados de la UE, pero, “el hecho de que su implantación no sea igual en todos los países, ocasiona perjuicios en las empresas de aquellos que sí deben hacer frente ya, además de que dificulta su implementación en las que operan en diferentes países”, puntualiza.

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