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El Tercer Sector denuncia que el borrador del catálogo “nos devuelve a la Ley de Servicios Sociales del 84”

Valido recuerda al Gobierno exige al Gobierno que trabaje “día y noche si es necesario” porque lo que está en juego es “la columna vertebral de la Ley de Servicios Sociales”

 

Colegios profesionales y entidades denuncian el borrador del catálogo es “desastroso y caótico”, además de “faltar al principio de participación activa”

 

 

Coalición Canaria-PNC abrió este sábado el debate sobre el Catálogo de prestaciones y servicios sociales con unas jornadas, celebradas en Santa Cruz de Tenerife, en las que intervinieron los principales Colegios Profesionales y entidades del Tercer Sector que, coincidieron en denunciar que el borrador presentado por el Gobierno de Canarias “nos devuelve a la Ley de Servicios Sociales de 1984 y crea un vacío enorme en las prestaciones sociales en las Islas”.

 

En este contexto, el secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, hizo un llamamiento a la responsabilidad del Ejecutivo canario al que instó “a parar, escuchar y debatir con el sector si lo que realmente quieren es proteger a quienes peor lo están pasando en esta tierra”. El líder de los nacionalistas canarios reconoció no entender “a quienes cierran la puerta al diálogo cuando lo que está en juego es la protección a los más vulnerables”.

 

Asimismo, Clavijo reconoció que sin los Colegios Profesionales y las entidades sociales “la administración no podría dar respuesta ni a un 10 % de los servicios que ahora mismo se prestan, por lo que lejos de borrarlos del mapa y coartarles la participación en un documento tan importante como el nuevo catálogo de

prestaciones y servicios sociales, tal y como denuncian, lo que deben hacer es tener un debate sosegado que permita que esta tierra cuente con unas prestaciones del siglo XXI” que dé continuidad al trabajo iniciado en la anterior legislatura cuando se aprobó la nueva Ley de Servicios Sociales, pionera en el Estado y fruto de un amplio trabajo y consenso en el que participaron no solo organizaciones políticas sino entidades, colegios profesionales y expertos del Tercer Sector.

 

La secretaria ejecutiva de Derechos Sociales de Coalición Canaria, Cristina Valido, instó al Gobierno canario a “trabajar día y noche si es necesario para sacar adelante el catálogo de prestaciones y servicios sociales”. En este sentido, denunció que “han tenido más de dos años para trabajar con entidades y profesionales del sector, pero han optado por dejarlos a un lado y presentar un borrador que no apoya nadie y, lo que es peor, que pone en peligro el sistema de prestaciones sociales en Canarias”.

 

Valido advirtió que este catálogo “no es un mero trámite, constituye junto a los reglamentos, la columna vertebral de la Ley de Servicios Sociales, aprobada en la anterior legislatura” e, insistió, “pionera en España”, pero que “no sirve de nada sin un catálogo y un reglamento que responda a esta ley”.

 

Al respecto, apuntó que de aprobarse el borrador propuesto por el actual Gobierno canario “tendríamos una Ley de Servicios Sociales del siglo XXI y un catálogo de prestaciones del siglo pasado” que, entre otros muchos aspectos liquida o reduce las prestaciones sino que deja completamente fuera ámbitos tan importantes como el de la Salud Mental. En definitiva, es un borrador que “hace más vulnerables a los canarios y canarias que peor lo están pasando”, sentenció.

 

Por su parte, los representantes de los Colegios Profesionales y de las entidades del Tercer Sector coincidieron en denunciar que “se les ha dejado fuera de la elaboración del catálogo” y que esto ha tenido consecuencias “nefastas”. Entre ellos, Carmen Arceo, del Colegio de Trabajadores Sociales señaló que “es un catálogo desastroso, incoherente, lleno de errores y que falta al principio de participación activa” y reconoció que “tal y como está el catálogo es inviable porque confunde prestaciones con servicios y, además, incumple con el lenguaje inclusivo”.

 

La presidenta de Cermi Canarias, Carmen Laucirica, manifestó las deficiencias del borrador defendido por el Gobierno y que también rechaza esta entidad porque “se

olvida de la atención temprana, la atención a la tutela, los centros ocupacionales, la conciliación familiar o la inclusión laboral”, pero es que, además, “se olvidan de la discapacidad que – aseguró- parece el patito feo”.

 

Para la directora de Acufade, Elena Felipe, el borrador del catálogo deja fuera a muchos ámbitos, entre ellos, apuntó “las personas que cuidan quedan desprotegidas” y puso como ejemplo que “la prestación económica para la asistencia de grado 1 no se recoge”. Asimismo, todos coincidieron en señalar que este catálogo es “un paso atrás en el ámbito de los derechos sociales”, concretamente, Emma Colao, de la Coordinadora de Acción Social de Canarias apuntó que “es el mismo de 1984” y no responde a la realidad de las Islas ni se ha elaborado desde la participación, precepto en el que también coincide el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias que exigió “se tenga en cuenta nuestras aportaciones, que nos escuchen porque este catálogo afecta a toda la sociedad”.

 

La jornada terminó con una mesa de debate en la que se recogieron no solo las aportaciones y preocupaciones de Colegios Profesionales y entidades, sino en el que se debatieron las conclusiones con el fin de seguir trabajando para que se “retire el borrador y se empiece desde cero, si es necesario, un catálogo de servicios sociales que sea una verdadera columna vertebral de la Ley de Servicios Sociales. Entre ellos, el consejero de Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Hernández, hizo hincapié en la necesidad de “trabajar más y hacerlo de la mano, administración, profesionales y entidades del tercer sector para lograr un catálogo que ofrezca respuestas a la ciudadanía”. De la misma forma la concejal del área de La Orotva, María Belén González, insistió en que “hay que trabajar más, hay que redoblar esfuerzos y no hay que tirar la toalla”, algo en lo que coincidió la concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Charin González, que invitó a todas las organizaciones políticas, colectivos, entidades y colegios profesionales “a seguir en la lucha para conseguir un catálogo que esté a la altura de la sociedad” y evitar la aprobación de uno que nos devuelva al pasado, que reste derechos y que haga más vulnerables a las personas que necesitan todo el apoyo de las administraciones.

 

Por último, los alcaldes de La Orotava, Francisco Linares, y de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, reconocieron que “ha faltado y falta diálogo por parte del Gobierno de Canarias. No se han sentado con los ayuntamientos para

abordar una herramienta estratégica como el catálogo de prestaciones sociales”, como no lo han hecho con el resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria o lo que es peor con las entidades y profesionales. En este sentido, denunció Linares “el problema es que no escuchan, es que no dialogan ni permiten abrir debates”. Al respecto, José Manuel Bermúdez insistió en que la Ley de Servicios Sociales “fue fruto de todos y salió con el apoyo unánime” y reconoció que la administración no puede dar de lado a quienes hacen posible que hoy tengamos un sistema fuerte y consolidado, “a las entidades y colegios profesionales que llegan a donde no somos capaces de llegar desde la administración” y apostilló que “los partidos políticos y los Gobiernos sean del color que sean deben estar a la altura de la ciudadanía” y en el caso de este Gobierno de Canarias ni lo están ni lo han estado.

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