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El Gobierno se persona en los recursos de inconstitucionalidad presentados por VOX contra el decreto COVID regional y la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razónde Identidad de Género

El Ejecutivo considera que los recursos buscan perjudicar el control sanitario y la recuperación económica, así como evitar

los avances en derechos y libertades de una norma aprobada por unanimidad y a instancia de los grupos LGTBI+

El Consejo de Gobierno celebrado en la sede de la Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido que el Ejecutivo autonómico se persone en los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados de VOX en el Congreso contra el decreto COVID aprobado por Canarias en noviembre de 2021 y, además, contra diversos preceptos de la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales (Ley 2/2021), respaldada por el Parlamento isleño por unanimidad el pasado 26 de mayo y publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 7 de junio.

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El Gobierno de Canarias no sólo se reafirma en los contenidos del decreto que fija el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas de control y gestión en las Islas, sino que considera que el recurso de VOX sólo pretende obstaculizar la lucha contra la pandemia y, así, perjudicar a la economía y la sociedad isleña, ya que sin control sanitario no puede haber recuperación socioeconómica.

Asimismo, la personación en el recurso contra la Ley de Igualdad Social, una de las más avanzadas, pioneras y consensuadas con los colectivos LGTBI+ del país, se debe a que la única intención de VOX pasa por frenar los avances en derechos e igualdad logrados en el país y en la Comunidad, aparte de que se trata de una norma aprobada a instancia de esos grupos y que salió por unanimidad del Parlamento de Canarias, la mejor prueba de su legitimidad, con los votos del PSOE, CC-PNC, PP, NC, Sí Podemos Canarias, ASG y Cs.

Entre otros avances, esta norma establece que, para acreditar la identidad de género, basta con que la persona interesada manifieste expresamente su identificación como mujer, hombre o persona no binaria sin necesidad de informes psicológicos o médicos. También se fijan sanciones de hasta 45.000 euros en casos muy graves de agresión o acoso.

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