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El Gobierno de Canarias exige al Estado la regulación completa de la Educación Infantil

  • Las Consejerías responsables de Educación, Políticas Sociales y Sanidad presentarán en tres meses la Estrategia ‘Canarias por la Primera Infancia’

El Consejo de Gobierno de Canarias ha adoptado el acuerdo de intensificar la petición al Estado para que regule cuanto antes el Primer Ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años). La consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, informó al Gobierno de que la mayor dificultad para la conclusión definitiva del Plan de Educación Infantil de 0 a 3 años que recoge la Ley Canaria de Educación no Universitaria tiene que ver con la escasa regulación básica del primer ciclo de la etapa de infantil, considerado por ley como no gratuito ni obligatorio y que “requiere, sin más dilación del tratamiento adecuado por parte del Estado”-según afirmaba Soledad Monzón en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La consejera recordó que este mismo planteamiento se trasladó a la pasada Conferencia Sectorial de Educación con la nueva ministra, donde recibió el apoyo de la mayoría de Comunidades Autónomas. La falta de regulación homogénea ha llevado a que algunas hayan asumido parte de la escolarización y ahora tengan dificultades para hacer frente a su coste en solitario y otras, como Canarias, “que queremos avanzar y ampliar la oferta de 0 a 3 años, hoy asumida por los ayuntamientos de Canarias, la iniciativa privada y las plazas de la Consejería de Bienestar Social y Empleo”-explicó.

La consejera detalló la división de competencias vigente en esta materia y apuntó que según el esquema fijado, entre otras, por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Canarias, el Estado se reserva la normativa básica en materia de educación y corresponde a las Comunidades Autónomas su desarrollo legislativo y ejecución. “Eso es lo se ha hecho hasta ahora, que cada CA ha desarrollado lo único que le permite el Estado: los requisitos de los centros y los currículos” -afirmó la responsable autonómica de Educación.

En base a esta distribución competencial la consejera señaló que “se hace necesario, por tanto, que el Estado regule y armonice las distintas normativas autonómicas. Con este planteamiento, el acuerdo que hemos adoptado en el Gobierno de hoy es trasladar al Gobierno de España una petición formal para que se regule adecuadamente el primer ciclo de educación infantil y asuma el Estado la financiación que corresponda.”

Soledad Monzón se refirió a varios informes y estudios que se conocen sobre la necesidad de implantar la etapa de 0 a 3 años en la educación básica, lo que le daría el carácter gratuito que a día de hoy no tiene. En especial, mencionó el último informe de UNICEF, de mayo de este año, denominado “La garantía del derecho a la educación en la etapa de 0-3 años. Una inversión necesaria y rentable”.

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En este informe, la agencia de Naciones Unidas encargada de velar por los derechos de la infancia, desgrana la situación de esta etapa en Europa con especial referencia a España, a la que sitúa como uno de los países de de la Unión Europea en los que hay un menor porcentaje de plazas en el primer ciclo de educación infantil financiadas totalmente por la administración –sea autonómica o municipal-, tan solo por delante de Reino Unido y Chipre.

Otro aspecto relevante del informe es el detalle de las distintas regulaciones existentes entre las Comunidades autónomas españolas, en cuanto a profesionales, ratio, espacios, criterios de admisión, participación de las familias, currículo y precios públicos, en los que se cifra, por ejemplo el coste de escolarizar a un niño menor de un año en 196 euros al mes en Melillla y 460, en Valencia.

Soledad Monzón destacó en especial la conclusión del informe, en la que UNICEF señala que el derecho a la educación en el primer ciclo de la educación infantil debe estar garantizado, que debe haber una inversión suficiente para garantizar el acceso y que éste sea en condiciones de igualdad y de calidad, apuntando a la colaboración entre la Administración central y la autonómica.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias ampliará la coordinación entre sus diferentes áreas, para avanzar en el desarrollo de las medidas por la Primera Infancia, pendientes de que se culmine la regulación estatal de la parte educativa.

Así el Gobierno ha mandatado a las consejerías de Educación, Políticas Sociales y Sanidad a elaborar una estrategia integral por la Primera Infancia, con líneas de actuación comunes, que integren los aspectos en cuanto a escolarización, ayudas a familias que garanticen la igualdad de oportunidades, la atención temprana, la salud escolar, la exclusión social, pobreza infantil, equidad y calidad en la atención, etc.

Para ello, deberán confluir los siguientes trabajos en desarrollo actualmente, como son el Plan de Educación Infantil de 0-3, el diagnóstico y el Plan de Infancia y Familia y el Plan de Atención Temprana en el que trabajan las tres consejerías.

Las consejerías tendrán un plazo de tres meses para presentar lo que se configurará como la Estrategia ‘Canarias por la Primera Infancia’.

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