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El Gobierno aprueba una sanción a Unelco y E-Distribución Redes Digitales por el ‘cero energético’ de julio de 2020 en la isla de Tenerife

La multa propuesta por las infracciones, calificadas de muy graves, asciende a seis millones de euros para la distribuidora y a más de diez millones para la generadora

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el decreto por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a las entidades mercantiles E-Distribución Redes Digitales, SLU, y Unión Eléctrica de Canarias Generación, SAU, por la comisión de infracciones administrativas muy graves previstas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en relación con el incidente acaecido el 15 de julio de 2020 a las 9.41 en el sistema eléctrico de Tenerife, que ocasionó un cero energético en toda la isla. No se recuperó el suministro pleno hasta las 16.44.

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En la instrucción del expediente se acredita que E-Distribución Redes Digitales, SLU, es responsable por no haber deslastrado la demanda exigida en el Plan de Deslastre vigente aprobado por la CNE, lo que contribuyó a que el incidente derivase en una interrupción total del suministro o cero eléctrico. También queda acreditada la falta de idoneidad técnica de la configuración del sistema de relés en sus instalaciones para cumplir con los objetivos de demanda a deslastrar establecidos en el plan vigente de la CNE.

Por estos motivos, en la propuesta de resolución del instructor del procedimiento sancionador se propone la imposición de una multa de 6.000.001 euros por la comisión de dos infracciones muy graves.

En cuanto a Unión Eléctrica de Canarias Generación, SAU, el procedimiento sancionador concluye que es responsable de originar la cadena de sucesos que provocó una reducción de la capacidad de generación disponible y una reducción del suministro que llevó aparejada una interrupción de este, primero parcial y, finalmente, en forma de cero eléctrico.

Por estos motivos, en la propuesta de resolución del instructor del procedimiento sancionador se propone la imposición de una multa de 10.002.751 euros por la comisión de dos infracciones administrativas muy graves.