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«Defiendo el 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes transnacionales, pero también la excepción de la medida en Canarias»

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El vicepresidente del Gobierno recuerda que existen “precedentes legales, políticos y jurídicos” que permiten a las Islas mantener su diferencial fiscal

Rodríguez se reunirá la próxima semana en Bruselas con el director general de Fiscalidad y Unión Aduanera, a quien trasladará la posición del Archipiélago

El Parlamento de Canarias ya rechazó hace unas semanas la eventual aplicación de esta Directiva europea

 

 

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió hoy la exceptuación de Canarias del establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para aquellas empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales, que se debate actualmente en el seno de las instituciones europeas.

 

Rodríguez aseguró que existen “antecedentes legales, políticos y jurídicos” que respaldan la diferenciación fiscal de Canarias y que, en todo caso, el Gobierno peleará a todos los niveles para que si se adopta finalmente la decisión ésta no se tenga que aplicar en el Archipiélago.

 

Aun estando de acuerdo con la propuesta, que persigue que las grandes corporaciones transnacionales hagan frente a sus obligaciones tributarias y paguen los impuestos que les corresponden, el vicepresidente recordó que la Unión Europea ya excluyó a las Islas de las directivas sobre el IVA, por una parte, y sobre los impuestos especiales, por otra.

 

Rodríguez subrayó que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, las sentencias judiciales europeas y los citados antecedentes favorecen la exceptuación de Canarias, que históricamente ha gozado de un importante diferencial fiscal con el territorio continental.

 

“Realmente hay pocas empresas en las Islas que pudieran verse afectadas en Canarias por ese tipo del 15%, pero no se trata del número de contribuyentes potenciales, sino del mantenimiento de nuestro fuero fiscal, que debemos conservar incondicionalmente”, dijo el vicepresidente.

 

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Precisamente, las Islas han quedado excluidas de una medida idéntica ya vigente en España y aprobada a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de este mismo año.

En relación con la propuesta Europa, explicó que el Gobierno de Canarias analizó ya a principios de febrero la propuesta sobre el Impuesto de Sociedades, que fue la base, además, de un acuerdo adoptado por el Parlamento de Canarias en contra de la aplicación del tipo mínimo del 15% en las Islas.

 

Además, el Ejecutivo canario ha remitido escritos a diferentes organismos europeos, como la unidad RUP o la Representación Permanente de España en la UE, recordando las especificidades fiscales de Canarias. También se ha enviado comunicaciones a los ministerios de Economía y de Hacienda en similares términos “aunque no me consta que haya mucho entusiasmo en el Gobierno de España para defender nuestra posición”.

 

En cualquier caso, el vicepresidente señaló que ya Francia, que ostenta la Presidencia de turno de la Unión, ya ha comunicado que la propuesta de Directiva no será aplicada, al menos, hasta 2024, unas dudas que se extienden también a otros socios europeos.

 

Este hecho cobra especial relevancia, puesto que las decisiones sobre fiscalidad han de ser refrendadas por los estados miembros de la Unión.

 

Con todo, Rodríguez se reunirá el próximo miércoles en Bruselas con el director de Fiscalidad y Unión Aduanera de la UE, Benjamín Ángel, a quien trasladará la posición de Canarias.

 

Repunte global de la inflación

 

Por otro lado, el vicepresidente, que respondió a una pregunta en relación con la inflación, explicó que el Ejecutivo ha aplicado diferentes medidas para atenuar su impacto entre los sectores más expuestos y que el alza de precios “castiga a las familias, empresas, trabajadores, pero también a las administraciones”.

 

En esta línea, se mostró partidario de adoptar iniciativas “selectivas, temporales y quirúrgicas” de ayudas, al tiempo que recordó la actualización de los precios de los contratos del sector público decidida por el Gobierno de Canarias.

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