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Clavijo: “La reforma laboral no debe ser un punto final en la lucha por los derechos de los trabajadores”

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El líder de los nacionalistas canarios sostiene que “la destrucción del empleo -16.700 en el primer trimestre del año- indica que Canarias está lejos de la recuperación económica”

 

CC-PNC aboga por herramientas para “una diversificación económica real” que cree nuevos nichos de empleo en un encuentro con agentes sociales y económicos en el marco del ‘Canarias te necesita’

 

Los nacionalistas canarios lucharán por incluir medidas específicas para Canarias en el proyecto de ley anticrisis de Sánchez para proteger a los más vulnerables

 

Canarias, a 30 de abril de 2022.- El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, defendió hoy que la “la reforma laboral aprobada el pasado mes de febrero no debe ser un punto final en la lucha por los derechos de los trabajadores y -enfatizó- queda mucho por hacer y es responsabilidad de todas las fuerzas políticas, pero también de los agentes sociales y económicos que -apostilló- no se pueden quedar al margen”.

 

El líder de los nacionalistas canarios aprovechó el encuentro celebrado hoy, un día antes de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, con agentes sociales y económicos del archipiélago y en el marco del Canarias te necesita para reivindicar “un mayor esfuerzo de los Gobiernos del Estado y Canarias en políticas activas de empleo”, así como, reclamó adaptar las políticas de empleo al nuevo escenario económico marcado por la subida de precios y la guerra de Ucrania. Al mismo tiempo, sostuvo que esta estrategia más inmediata “debe ir acompañada de una hoja de ruta a largo plazo, consensuada con los sindicatos y el tejido económico, que permita generar oportunidades en las Islas, mejorar la temporalidad de los contratos y hacer una apuesta por una diversificación económica real que genere empleos de calidad y mejor remunerados”.

 

De la misma forma, Clavijo reconoció “el impacto que la escalada de precios de la luz, del combustible y de la cesta de la compra está teniendo en los hogares canarios, en las familias más vulnerables, en los jóvenes canarios”. Una situación, apuntó, que “no está siendo atendida por el Gobierno de España ni por el Ejecutivo canario”. Al respecto, sostuvo que la aprobación del real decreto esta misma semana en el Congreso para hacer frente a la inflación y al impacto de la guerra “no solo da la espalda a los canarios y

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canarias sino que los deja en una situación más vulnerable que a cualquier ciudadano de otro territorio”. Por este motivo, manifestó “los nacionalistas canarios lucharemos para que el proyecto de ley “anticrisis” que se tramitará de urgencia en las Cortes recoja medidas específicas para proteger a los más vulnerables”.

 

 

Fernando Clavijo insistió en que “no podemos quedarnos en el cortoplacismo ni decir que se ha superado la crisis económica derivada de la Covid cuando sin salir de ella hemos entrado en otra por la inflación y el conflicto bélico”. El secretario general hizo hincapié en los datos de la Encuesta de Población Activa publicados esta misma y que vuelven a situar a Canarias como una de las comunidades autónomas más castigadas por el desempleo, con 15.500 parados más en el primer trimestre de este 2022 y 16.700 puestos de trabajo destruidos a lo que hay que sumar que las Islas cuentan con los salarios más bajos y está a la cabeza del paro juvenil de España y Europa. “Son datos que deben hacer replantear la estrategia que se ha marcado el Gobierno de Canarias en materia de empleo”.

 

Durante el encuentro, al que asistieron la secretaria ejecutiva nacional de Derechos Sociales y diputada, Cristina Valido, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, el portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el concejal de Presidencia de los nacionalista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, se debatieron algunas de las propuestas de los nacionalistas, entre las que destacaron, las dirigidas “a potenciar y mantener que las relaciones laborales sigan formando parte del acuerdo social, de forma que no se tomarán decisiones unilaterales ni bilaterales sin el acuerdo tripartito entre organizaciones sindicales, empresariales y el gobierno”.

 

En este contexto, enfatizaron en la necesidad de reforzar el tratamiento específico a Canarias como región ultraperiférica a través, por un lado, del incremento de la ficha financiera destinada al Archipiélago por parte de la UE con el fin de alcanzar el PIB per cápita medio de España y, por otro, la exención de hasta el 50% de la cuota a la Seguridad Social de toda la población activa ocupada en las Islas relacionándola con el tiempo de permanencia de sus contratos.

 

Los nacionalistas abordaron también la necesidad de introducir cambios en la negociación colectiva en las empresas de más de 50 personas en plantilla en las que proponen que sea potestativo de la mesa de negociación el disponer de un convenio colectivo de empresa, mientras que, si no se alcanzara dicho número, el convenio del sector tendría prevalencia salvo que, por acuerdo entre partes, se dispusiera otra consideración. Todo esto lo plantean teniendo en cuenta que el 51,45% de las empresas tienen entre uno y dos empleos, incrementándose el porcentaje hasta el 74,16% para las que tienen 5 empleos, mientras que el 89,15 % tiene 9 empleos y un 97,56 % tienen menos de 50 en el archipiélago, datos que deber servir para dimensionar las políticas económicas y de empleo.

 

Otro de los temas abordados fue el de las condiciones de trabajo. Al respecto, los nacionalistas canarios reclaman la puesta en marcha de medidas no solo desde la perspectiva de la retribución y la temporalidad, que deben ir acompañadas de otros factores, como la necesaria diversificación económica, la conexión entre formación y agentes económicos con el fin de garantizar una oportunidad de acceso al mercado laboral a los jóvenes y la apuesta por nuevos mercados y nichos de empleo más especializados y mejor remunerados. Además, apuestan por medidas anticíclicas en

 

 

materia de seguridad y salud. Concretamente, proponen una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, de forma paralela, la creación de un órgano arbitrado por parte de la administración pública dirigido a minimizar la conflictividad laboral, concluyeron.

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