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El Gobierno aprueba un decreto ley que modifica la PCI para garantizar la cobertura económica a las familias en riesgo de exclusión social

Los cambios permiten que las familias puedan seguir cobrando esa
ayuda hasta recibir el Ingreso Mínimo Vital y que además no tengan que devolver los importes recibidos con carácter retroactivo

 

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La PCI se podrá seguir solicitando siempre que se haya registrado

de forma previa la solicitud del Ingreso Mínimo

El Consejo del Gobierno ha aprobado hoy, jueves 24 de septiembre, un decreto ley que modifica la norma base que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para así conseguir que las familias isleñas puedan seguir cobrando esta ayuda hasta que reciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que concede el Estado.

El objeto del nuevo decreto ley, que modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero (la que regula la Prestación Canaria de Inserción), es adaptar la ayuda PCI al Ingreso Mínimo Vital, estableciendo el carácter complementario de la PCI hasta el importe que corresponda percibir a la unidad de convivencia beneficiaria. De esta forma, las familias podrán seguir cobrando la PCI durante el periodo de espera del ingreso del IMV y, lo que es más importante, no tendrán que devolver las cuantías recibidas de la PCI una vez reciban esa aportación pública.

Además, las familias en situación de exclusión o en riesgo de padecerla podrán seguir solicitando la PCI haciendo constar que se ha solicitado el IMV, aunque no esté aún resuelto; es decir, la PCI continúa tramitándose para dar cobertura a las familias más necesitadas.

Hay que recordar que, al contar con carácter subsidiario, la concesión de la PCI quedará condicionada a que la persona peticionaria y su unidad de convivencia que tenga derecho al Ingreso Mínimo Vital o de alguna de las prestaciones o pensiones acredite con carácter previo tanto el haber solicitado o, en su caso, haber obtenido la citada ayuda.

Otra cuestión a destacar es que, a efectos de la determinación de recursos de la PCI, la modificación contempla que no se contabilizarán las pensiones alimenticias, entendiendo estas últimas como un derecho de la infancia que no se puede restar a las familias que requieran los ingresos de la PCI.

Con estas modificaciones, el Gobierno de Canarias garantiza que las familias en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla pueden seguir contando con una ayuda económica durante el periodo de espera del IMV que gestiona el Estado. Además, se da respuesta a las demandas planteadas por los colegios oficiales de Trabajadores Sociales de las Islas.

En la actualidad, la PCI beneficia a un conjunto de 8.184 familias o unidades convivenciales, con 2.305 familias más que en agosto de 2019. El importe de global de la prestación en el mes de agosto ascendió a casi cuatro millones de euros.

 

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