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Podemos alerta del “mal uso de los fondos millonarios” en las obras públicas en año electoral

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Manuel Marrero: “CC está ávida por inaugurar maquetas de obras y cortar cintas para la foto electoral y dejar encomendado a sus grandes beneficiados el negocio de la obra pública”.

 

Natividad Arnáiz: “tiene como máxima la construcción de nuevas infraestructuras de dudosa necesidad y sobredimensionadas que no cuentan con apoyo social”.

 

Manuel Marrero, diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias, ha mostrado su preocupación este martes en la Cámara regional por la posibilidad de que “la falta de previsión y planificación suficiente” por parte del vicepresidente del Gobierno en minoría y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, “provoque que en año electoral se prodigue el mal uso de los fondos millonarios que van a llegar a Canarias” para las distintas infraestructuras de las Islas.

 

“CC está ávida por inaugurar siquiera maquetas de obras y cortar cintas para la foto electoral y para dejar encomendado a sus grandes beneficiados el negocio de la obra pública. Por eso estaremos atentos a que no se ejecuten obras públicas innecesarias, a que se cumplan todos los requisitos medioambientales y a que las que se proyecten tengan rentabilidad económica y social”, ha advertido Marrero en la Comisión de Presupuestos.

 

En parecidos términos, la diputada Natividad Arnáiz ha afirmado que “la Consejería, y el partido al que usted representa, ha hecho bien su trabajo, otorgando más de la mitad de los presupuestos a las grandes empresas constructoras dando las obras que más margen millonario deja”.

 

Marrero ha recordado que “a lo largo de la legislatura ha sido una constante la baja ejecución presupuestaria” de la Consejería de Obras Públicas hasta el punto de que “a 30 de septiembre de 2018 sólo había ejecutado un 18.42 por ciento del presupuesto, frente a una media del 64.68 por ciento del conjunto de los departamentos del Ejecutivo”.

 

“Una vez ganados los recursos contra el incumplimiento del Estado en materia de convenios con Canarias, y con la perspectiva de que se firmen los nuevos convenios antes de que finalice el presente mes, aumentan nuestros temores”, ha insistido.

 

Temores que se justifican, entre otras cosas, por el hecho de que “mientras la ciudadanía de islas como Tenerife o Gran Canaria sigue sufriendo cada día los largos atascos en sus autopistas, sin que se procure solución se siguen proyectando túneles para el cierre del anillo insular o muelles como el de Fonsalía, y las ampliaciones de Agaete o Tazacorte”.

 

Negocio redondo

Al respecto, Marrero ha recordado que la formación morada “denunció ante la Fiscalía el sobrecoste y las anomalías en la carretera del norte de la isla de La Palma” y han solicitado “datos de toda la obra pública realizada en Canarias desde 2008 a 2018”:

 

“No se nos ha remitido información alguna al respecto, razón por la que hemos considerado que se está actuando con falta de transparencia y realizando obstrucción parlamentaria”, aseguró.

 

Por su parte, Arnáiz incidió en que “los imprevistos, las prórrogas y los incumplimientos son un negocio redondo” en Canarias.

 

Ambos diputados han resaltado que el Presupuesto de la Consejería para 2019 aumenta en 10 millones respecto al año anterior en una Consejería “que tiene como máxima la construcción de nuevas infraestructuras de dudosa necesidad y sobredimensionadas”, pues son “infraestructuras que no cuentan con apoyo social porque a quien más benefician no es a la población ni tampoco al territorio”.

 

Obras que, con según Arnáiz, tienen “un gran impacto medioambiental, producirán daños irreversibles en nuestro ecosistema y en nuestros fondos marinos en un momento en el que según los expertos han desaparecido una gran cantidad de los sebadales que tenemos en canarias y donde también hemos perdido el 90% del número de peces de nuestras costas”.

Inversiones que, según la formación morada, no se destinan a otras cuestiones más sociales como la mejora de infraestructuras ya existentes que lo necesitan o en impulsar el Fondo de Accesibilidad Universal, al que destinan para 2019 “la cantidad irrisoria de 700.000 euros”, cuando Podemos Canarias solicita el 0,5 por ciento del Presupuesto total para “dejar de negar sus derechos a miles de personas”.

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